El hombre más rico del mundo, Elon Musk, compró Twitter por un total de u$s44.000 millones. El empresario se hizo con el control de la red social, luego de semanas de negociaciones con los accionistas. Pese a que el magnate se considera «un absolutista de la libertad de expresión», grupos de derechos humanos plantearon su preocupación por el cambio de rumbo de la empresa.
El multimillonario originario de Sudáfrica, que también es presidente ejecutivo del fabricante de autos eléctricos Tesla y SpaceX, entre otras, ha manifestado en múltiples oportunidades respecto a la libertad de expresión y ha criticado las políticas de moderación de contenidos de Twitter.
Ha dicho que la red social tiene que convertirse en un auténtico foro para la libertad de expresión. En una declaración tras conseguir el acuerdo el lunes, Musk describió la libertad de expresión como «la base de una democracia que funciona».
Sin embargo, para los grupos defensores de derechos humanos, Twitter no es una empresa más. Y así lo hicieron saber en las últimas horas.
«Independientemente de quién sea el propietario de Twitter, la empresa tiene responsabilidades en materia de derechos humanos para respetar los derechos de las personas de todo el mundo que dependen de la plataforma», dijo a Reuters en un correo electrónico Deborah Brown, investigadora y defensora de los derechos digitales en Human Rights Watch.
«Los cambios en sus políticas, características y algoritmos, grandes y pequeños, pueden tener impactos desproporcionados y a veces devastadores, incluyendo la violencia fuera de línea», añadió. «La libertad de expresión no es un derecho absoluto, por lo que Twitter debe invertir en esfuerzos para mantener a sus usuarios más vulnerables a salvo en la plataforma«, añadió.
Twitter no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las preocupaciones planteadas por los grupos.
«Aunque Elon Musk es un miembro de la ACLU y uno de nuestros más significativos partidarios, es muy peligroso tener tanto poder en manos de un solo individuo«, dijo a Reuters Anthony Romero, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union, tras el anuncio del acuerdo.
Amnistía Internacional dijo que le preocupaba cualquier posible decisión que Twitter pueda tomar tras la adquisición de Musk para erosionar la aplicación de las políticas y los mecanismos diseñados para moderar el discurso de odio en línea.
«Lo último que necesitamos es un Twitter que voluntariamente haga la vista gorda ante los discursos violentos y abusivos contra los usuarios, en particular los más desproporcionadamente afectados, como las mujeres, las personas no binarias y otros», dijo el lunes Michael Kleinman, director de tecnología y derechos humanos de Amnistía Internacional en Estados Unidos.
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