Referentas sociales y activistas expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el vaciamiento de los programas de género. La respuesta del gobierno: “fue para salir de la crisis económica”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno argentino respuestas por la situación de las políticas sociales y alimentarias, y por los recortes y vaciamientos de los programas de género y de memoria, verdad y justicia.
Fue una jornada intensa dentro del 191° Período de Sesiones de la CIDH que se realizó en Washington y en el que participaron el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, la Fundación Mujeres x Mujeres, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Por su parte, el Estado estuvo representado por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.
Las organizaciones pusieron énfasis en el estado de situación de las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Además, de acuerdo al comunicado emitido por el CELS, informaron sobre el desmantelamiento institucional, la reducción de personal y los recortes presupuestarios en programas, dispositivos e insumos, lo que afecta directamente a niñas, adolescentes, mujeres y diversidades.
Políticas desfinanciadas
“El gobierno argentino se alejó de posiciones construidas transversalmente por los partidos políticos democráticos en las últimas cuatro décadas y se acercó a la agenda global de extrema derecha”, dijo la Juliana Miranda, coordinadora del equipo internacional del CELS. “Además, se niega a mencionar la violencia sexual y de género como aspectos de preocupación. Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración ‘sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres’”, agregó.
En su exposición, Lucila Galkin, directora de género de Amnistía Internacional Argentina se refirió al desfinanciamiento a los programas vinculados a la salud sexual y reproductiva.
“El Estado nacional paralizó la distribución de insumos para garantizar la interrupción voluntaria y legal del embarazo”, dijo. “Numerosas provincias informaron faltante de métodos anticonceptivos. El Plan ENIA sufrió un recorte del 68%. En 4 años había logrado bajar en un 49% la fecundidad adolescente”.
Al respecto, la presidenta de la Fundación MujeresxMujeres, Soledad Deza, planteó: “pedimos a la CIDH que monitoree las regresiones en las políticas contra las violencias de género y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Y que inste al Estado a cumplir con sus compromisos con la igualdad de género y a garantizar las políticas para erradicar todas las formas de violencia de género”.
“El Estado es responsable de la implementación de las políticas públicas para erradicar las violencias de género, prevenir el embarazo adolescente, garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos, y asegurar la educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes de todo el país”.
Sin respuestas
El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, no accedió a responder preguntas, tal como lo hizo en la primera audiencia que se realizó a las 13 sobre la falta de políticas sociales para lxs trabajadorxs de la economía popular en Argentina.
La mirada de la CIDH
El comisionado de la CIDH, José Luis Caballero advirtió al Estado argentino sobre su decisión de no responder preguntas y le recordó que el espacio de la audiencia es para debatir e intercambiar información.
A su vez, la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, expresó, “hoy se invisibiliza la violencia contra la mujer. Es el tipo de violencia más perpetrada por eso no hay que dudar en nombrarla y explicar la desigualdad que enfrentan las mujeres. No quiero darle un sermón, señor secretario (por Baños), pero tiene que reforzar todos estos conceptos para que la violencia de género no sea naturalizada”.
Luego de esta exposición, se concretó la tercera audiencia sobre el ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia.
/TpoArg
