El grito Ni Una Menos,lanzado desde Argentina y extendido como marea en distintas regiones del mundo reclamando políticas públicas y compromiso social para frenar la violencia femicida, llega al sexto aniversario con algunos avances pero todavía con muchas deudas pendientes hacia las mujeres y disidencias. Y lo que es peor, los números de femicidios aumentan día tras día.
El Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/ Travesticidios y Lesbicidios de MuMaLa relevado desde el 1° de enero al 30 de mayo de 2021, concluyó que ocurrieron en el país 143 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, con lo que sucede un caso cada 25 horas.
De los casos relevados, 94 son femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios; 22 son muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas o colaterales (narcotráfico, venganzas, deudas, etc.) y robos; 21 son muertes violentas de mujeres que están en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes); y 6 son suicidios femicidas.
De los 94 femicidios, es decir uno cada 38 horas, 75 fueron directos, 4 vinculados de niñas/mujeres, 6 vinculados de niños/varones, 5 vinculados de niños/varones por interposición en el hecho violento, y 4 trans/travesticidios. En tanto, se registraron 140 intentos de femicidios. Aún, en tiempos de pandemia , siguen matando.
Además, el Observatorio detectó que el 25% de mujeres había denunciado a su agresor previamente. El 16% tenía orden de restricción de contacto o perimetral y el 2% botón antipánico.
El 71% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida; mientras que el 10% fueron en la vía pública, el 4% en descampados, 3% en el lugar de trabajo de la víctima, el 2 % de los femicidios fueron en la vivienda del victimario; el 6% en otros lugares, y hay un 4% del cual no se tienen datos.
En el 16% de los casos, el femicida asesinó a una tercera persona, ya sea porque quedó en el mediodel hecho violento (femicidio vinculado por interposición) o para ocasionar un daño irreparable y culpa a estas mujeres (femicidio vinculado).
El 14% de los femicidas se suicidó, y el 8% lo intentó. En el 9% de los casos la víctima estuvo desaparecida.
Además, el 14% de los femicidios fue cometido por personas de las fuerzas de seguridad (policías, militares, servicio penitenciario, ya sean activos o retirados), y en el 31% de los femicidios cometidos por armas de fuego, se utilizó un arma reglamentaria.
El 13% de los femicidas tenía antecedentes penales de violencia de género.
Esos números son el reflejo de la violencia machista, hacia las mujeres y disidencias, que se vive en Argentina. Números estremecedores que crecen con la impunidad del poder.
¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos!
Es el poderoso grito colectivo que está presente y se actualiza cada 3 de junio, para generar un mar de voces por las que ya no la tienen porque fueron víctimas de la violencia femicida.
El 3 de junio del año del 2015, una convocatoria lanzada a través de las redes sociales bajo la consigna “Ni Una Menos”, como respuesta a una serie de femicidios ocurridos en el país, movilizó alrededor de 500 mil personas en diferentes localidades de la Argentina.
Aquellas manifestaciones permitieron dar mayor visibilidad a reclamos que el movimiento feminista venía sosteniendo desde hacía años, y significó un hito para que la agenda de los feminismos adquiriera un lugar central dentro del debate público.
Sin embargo, la magnitud de lo sucedido fue absolutamente inesperada y transformó el curso de dicha historia. Fue un acontecimiento. La masividad de aquella convocatoria era inimaginable para una movilización feminista en ese entonces, estamos hablando de más de medio millón de personas.
Era una masividad totalmente heterogénea: militantes históricos, organizaciones, agrupaciones, gente ´independiente´y hasta famosos, que con un nudo atravesado en la garganta, se desató en un grito, y las voces de miles de personas se unieron en un reclamo: “Ni una menos, vivas nos queremos”.
Desde entonces, el compromiso social creció, y la organización de quienes habían llevado a cabo los reclamos hasta ese momento, junto con la potencia de una juventud encendida, lograron materializar la pelea en acciones concretas, en busca de una sociedad más justa.
Los logros.
En 2016 se presentó el primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cuyo objetivo era monitorear e implementar políticas públicas orientadas a combatir la violencia de género, así como la construcción de estadísticas oficiales.
Con la urgencia de visibilizar la violencia machista más extrema para dimensionar la gravedad del asunto e incitar a que se avance en políticas públicas que cambien esa realidad, distintas organizaciones sociales empezaron a recabar información de los medios de comunicación para elaborar relevos y datos sobre los femicidios de todo el país. Entre ellos, hoy están el Observatorio Ahora que sí nos ven, la Casa del Encuentro, el Observatorio Lucía Pérez y MuMaLá.
Como parte de las luchas que se volvieron ley, desde los feminismos se conquistó la Ley Brisa 27.452 en 2018, que otorga una reparación económica equivalente a una jubilación mínima para hijos de víctimas de femicidios. Entre 2015 y 2021 hubo 2015 niños que se quedaron sin su madre por la violencia machista.
Un año después, a raíz del femicidio de Micaela García, una joven militante del Movimiento Evita asesinada en 2017 en Gualeguay, Entre Ríos, se peleó y conquistó la Ley 27.499, que lleva su nombre. La misma se promulgó en 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Aún resta lograr su implementación efectiva y que se amplíe a otros sectores, como los medios de comunicación.
Otro de los hitos que se obtuvo gracias al impulso colectivo fue la visibilización, debate y sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde 2018, cuando se trató por primera vez en el Congreso, la marea verde se convirtió en una metáfora viva, que instaló la discusión del derecho a decidir sobre el propio cuerpo tanto en el espacio público como privado. Gracias a la fuerza del movimiento, el 30 de diciembre de 2020 se aprobó la Ley 27.610.
A partir de la victoria del Frente de Todos en 2019 y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, tanto a nivel nacional como provincial, se materializó institucionalmente una de las luchas que tiene que ver con la representatividad y participación de las mujeres y disidencias dentro del terreno político.
Aún así, la conquista de este espacio es en realidad un punto de partida hacia la construcción de políticas públicas que no sólo estén destinadas a mejorar nuestras vidas, sino pensadas e implementadas desde nuestro lugar de sujetos políticos.
Lo que todavía esta en deuda.
Todavía quedan muchos espacios por disputar y conquistas por lograr. Un claro ejemplo de lo que todavía falta es la emergencia en materia de violencia de género. Los números son alarmantes y ya es bien sabido que la pandemia puso, aún más, en peligro a quienes ya se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.
A seis años de la primera concentración del Ni Una Menos, siguen sin cumplirse algunos de los puntos del petitorio que realizaron en ese entonces las referentes del movimiento. La necesidad de un Registro Oficial Único de víctimas que sea articulado y sistematizado por el Estado es, todavía, una deuda pendiente.
Además, falta la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, consigna que se reforzó con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Este año, a través de la virtualidad, los ejes sobre los que se convoca a visibilizar giran en torno a la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans con su respectiva reglamentación e implementación en todo el territorio nacional; la implementación efectiva de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; la Reforma Judicial Feminista para una justicia que proteja a todas; la aparición con vida de Tehuel a más de dos meses de su desaparición; la vacunación y salarios para promotoros de género, trabajadoros estatales y esenciales; y basta de violencia económica de las corporaciones: no hay soberanía de los cuerpos sin soberanía alimentaria.
A seis años del primer grito masivo de «Ni Una menos», la lucha continua.
