La dirigente social Milagro Sala cumple siete años detenida en Jujuy por liderar un acampe y su situación procesal se agravó desde entonces con la acumulación de causas y condenas, y mientras continúa bajo arresto domiciliario recibe muestras de apoyo y solidaridad por parte de organizaciones y personalidades que denuncian el «accionar persecutorio» que padece por parte del Gobierno provincial que encabeza el radical Gerardo Morales.
Aquel 16 de enero de 2016, el reclamo en la plaza central de Jujuy, copada por más de 20 organizaciones sociales, para exigir respuestas al mandatario jujeño sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo derivó en la detención de Sala por «instigación a cometer ilícitos y tumultos», hecho que se investigó y fue elevado a juicio oral en 2019.
La prisión para Sala significó un devenir de causas judiciales que se instruyeron a nivel local: algunas llegaron a juicio oral, donde fue condenada; otras están pendientes de resolución y, en algunas, fue sobreseída.
Además de la causa por el acampe, se debatirá en un juicio oral el expediente conocido como «Megacausa», en el que también están involucrados exfuncionarios incluyendo al exgobernador Eduardo Fellner y varios exjefes comunales por fraude en la construcción de vivienda.
Más allá de las acusaciones en su contra, Sala asume la realidad con la seguridad de haber hecho las cosas «bien» mientras estuvo al frente de la red de organizaciones sociales: haber podido llevar adelante numerosas obras significó crear fuentes laborales para muchos jujeños en distintas localidades de la provincia.
«Las obras no son inventadas», expresó en varias ocasiones.
/Télam
