El 4 de julio de 1976, siguiendo órdenes de la dictadura militar, un “grupo de tareas” ingresó en la madrugada a la parroquia de San Patricio, en el barrio de Villa Urquiza, Buenos Aires, y masacró a balazos mientras dormían a los sacerdotes católicos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, todos ellos pertenecientes a la comunidad religiosa de los palotinos.
En la escena del crimen quedaron ordenados los cuerpos a modo de exhibición y escarmiento y el lugar fue pintado con leyendas que aludían al trabajo social de los religiosos y a la orientación política e ideológica que sirvió de argumento a los criminales para ejecutarlos.
En las paredes de la casa parroquial, los asesinos escribieron consignas que no dejaban lugar a dudas de la procedencia que tenía el atentado: «Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la patria»; «Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM (Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo)» .
La primera consigna se refería al atentado que la organización Montoneros llevó a cabo contra el edificio donde funcionaba la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, el 2 de julio de ese año, y en el que murieron 23 personas; en tanto que la segunda aludía al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, una tendencia de la Iglesia identificada con la Opción por los Pobres y las luchas de liberación que se desarrollaban en los países periféricos.
Sobre el cuerpo de Barbeito Doval, los atacantes depositaron un dibujo de Quino, en el que Mafalda, su más célebre personaje, sostenía el bastón de un policía y se preguntaba si se trataba del «palito para abollar ideologías».
La masacre de San Patricio puso en evidencia el accionar criminal que comenzaba a desplegar la dictadura cívico militar, que estaba dispuesta a silenciar incluso a los religiosos que denunciaban la situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que entonces se vivía en Argentina.
La causa quedó en manos del juez Guillermo Rivarola y del fiscal Julio César Strassera que, tras una serie de diligencias, dictaminaron que no se había podido determinar la autoría de la masacre, y cerraron el expediente en 1977.
En 1984, con el retorno de la democracia el fiscal Aníbal Ibarra solicitó al juez Néstor Blondi el procesamiento de Romano y del comisario Rafael Fensore. Sin embargo, tres años después, la causa fue declarada prescripta por el magistrado.
Con el regreso de los juicios por la verdad durante el mandato del expresidente Néstor Kirchner, una tercera investigación judicial fue abierta por el juez Sergio Torres en el marco de la Megacausa ESMA, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por los represores que actuaban en ese centro clandestino de detención.
Sin embargo hoy, 45 años después, el poder judicial aún no ha fallado en la causa y la propia congregación palotina sigue pidiendo que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.
