Tras recorrer los 1.500 kilómetros que separan a la provincia norteña de la capital del país, más de 60 comunidades se concentraron frente al Congreso nacional y a la Corte Suprema de Justicia para exigir la declaración de inconstitucionalidad de la nueva carta magna provincial, aprobada por el Gobierno local en medio de masivas protestas.
Más de un millar de referentes de comunidades indígenas se congregaron a las puertas de la sede del Poder Legislativo y del máximo tribunal para pedir la derogación de la reforma constitucional llevada a cabo por el Gobierno de la provincia de Jujuy (norte). «Esto afecta todas nuestras tierras», manifestaron integrantes de los pueblos originarios en diálogo con Sputnik.
La marcha comenzó el 25 de julio y atravesó las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero (norte), Córdoba y Santa Fe (centro), en un recorrido de más de 1.500 kilómetros.
El suceso reedita la histórica gesta que se dio en 1946, cuando 174 kollas jujeños marcharon hasta Buenos Aires para pedir por sus tierras, en el llamado primer «Malón por la Paz», durante la presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1955; 1973-1974).
En este caso, el denominado «Tercer Malón por la Paz» tuvo un objetivo claro: la defensa de los territorios y recursos naturales que los pueblos aborígenes ven amenazados en la flamante reforma de la Constitución de Jujuy, aprobada por la legislatura local el 16 de junio pasado, en medio de masivas protestas y de represión de las fuerzas de Seguridad.
Una de las aristas que alimenta la nacionalización del conflicto reside en que el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, fue designado precandidato a vicepresidente de una de las fórmulas que presentará la alianza de Juntos por el Cambio, opositora a nivel nacional.
«Desde hace 40 días estamos resistiendo.
La reforma perjudica a los pueblos indígenas y a todos, y vinimos para hacerla caer: perjudica nuestro derecho al agua y a los recursos naturales. Si el gobernador ahora se postula a vicepresidente, ¿qué nos espera para Argentina», declaró a Sputnik Ofelia Choque, referente de una de las comunidades.
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