Milagro Sala está internada desde ayer por una trombosis en una de sus piernas. Denuncian que es acosada por miembros de las fuerzas de seguridad local, quienes le impiden tener cualquier tipo de intimidad con el personal médico y su familia.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, reclamó este martes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las autoridades judiciales de Jujuy que se dispongan las acciones necesarias para frenar el hostigamiento contra Milagro Sala, privada de su libertad de manera arbitraria desde 2016, y que se dé cumplimiento a las medidas de protección dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras conocerse que la dirigente fue internada por una «trombosis venosa».
A través de un comunicado, denunciaron «una creciente persecución política, judicial y mediática sobre la dirigente social jujeña», que fue ingresada ayer en una clínica local por una trombosis en una de sus piernas, un cuadro de salud grave por el que permanece internada.
Además, hicieron hincapié en que la situación de Milagro Sala es una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en Argentina, puesto que la dirigente política lleva ya casi siete años detenida con prisión preventiva, y se le iniciaron 11 causas penales y una actuación contravencional dirigidas contra ella y su familia.
«Un paso más en esa persecución es la amenaza constante de trasladarla nuevamente a un penal provincial. En las últimas semanas, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy expresó públicamente su intención de que vuelva a la cárcel y realizó varias presentaciones para revocar su detención domiciliaria», resaltaron.
Por otro lado, recordaron que «a partir de una medida provisional dictada en 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino que ‘adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala'».
Y concluyeron: «Las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con esa resolución en tanto su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia de derechos humanos».
También consideraron que «la presencia de la policía al lado de su cama, indudablemente configura una situación amenazante, de violencia psicológica y simbólica, de acoso y hostigamiento que impacta clara y directamente en su salud psíquica, generando angustia y desazón con repercusión en su cuadro clínico, tornando el pronóstico de su enfermedad más ominoso del que podría llegar a ser».
