La imposición de multa a los manifestantes forma parte del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich, quien explicó que se les enviará la factura «a las organizaciones o individuos responsables» por los costos de los operativos, ya que «el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad».
En ese marco, señaló que «las organizaciones que tengan personería o los individuos que la tengan, deberán hacerse cargo». El pasado jueves, el Gobierno también estableció otro castigo económico a aquellos trabajadores estatales que lleven adelante actividades sindicales: descontará la jornada laboral del salario a los empleados que participen del paro nacional del 24 de enero.
En ese marco, y tras recibir la queja de las centrales obreras argentinas, la OIT emitió un comunicado en donde informa que el Director General de la organización, el togolés Gilbert Houngbo, se puso en contacto con el Gobierno nacional solicitando explicaciones por «los flagrantes alegatos de violaciones a la libertad sindical y a los convenios internacionales«.
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