La jueza Marta Cirulli suspendió este miércoles la quiebra del Correo Argentino S.A., ante la apelación de la firma de los Macri. Se supone que esta situación se prolongará hasta que la Cámara Comercial tome una resolución, pero todo hace suponer que el plan es que este proceso, que ya lleva 20 años, se dilate por mucho tiempo más y continúe impaga la deuda millonaria.
El fallo fue sorpresivo, ya que apenas la semana pasada la misma jueza decretó la quiebra del Correo Argentino en duros términos, en un fallo donde adjudicaba a la empresa y sus accionistas un intento por perjudicar al Estado al reclamar excluirlo del proceso como acreedor y donde enumeraba una gran cantidad de maniobras y manejos en el expediente. Además ponía en evidencia las operaciones de vaciamiento en favor de otras empresas del grupo como Socma y Sideco, la posible manipulación de balances y el acuerdo sospechoso con el Meinl Bank, que compró en 2005 la mayor parte de la deuda privada y hoy es un banco acusado de lavado que no puede operar.
Confirmación.
El dictamen de la jueza se dio pocas horas después de que un informe elaborado por la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (dependiente de la Corte Suprema de Justicia) confirmara que el acuerdo que quiso firmar el Gobierno de Macri con la familia Macri para cubrir la deuda, y que no se concretó gracias a que el caso se hizo público, era «ruinoso» y «abusivo» para el Estado.
En ese informe se demuestra que se intentó una quita de por lo menos el 92% de todo lo adeudado por la empresa y a ese número se llaga aún con 126 fórmulas que analizan escenarios variables con distintas tasas de interés. Dos de los imputados en esa causa son los propios Cibils Robirosa y Kleidermacher, que consiguieron ahora la suspensión de la quiebra. También está imputado el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y su exdirector de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa.
El acuerdo, que el Gobierno intentó firmar en secreto en junio de 2016, apenas seis meses después de que Macri asumiera como presidente, permitía que la empresa pagara 300 millones de pesos por el capital de su deuda, más 300 millones de pesos de intereses.
Al investigar el caso, la fiscal Gabriela Boquín consideró que esta cifra, equivalente entonces a unos 37 millones de dólares, en realidad era una condonación y no un pago, ya que implicaba una rebaja del 98,8 % de la deuda original dado el tiempo transcurrido (16 años).
Un análisis técnico ordenado por la fiscal concluyó que, en valores actualizados, la deuda real equivalía a 4.277 millones de pesos (unos 285 millones de dólares de ese año) y crecía hasta los 70.000 millones de pesos porque ese sería el monto en 2033, periodo en el que, según el acuerdo que nunca se puso en práctica, se pagaría la última cuota acordada.
Pendientes.
Macri dejó el Gobierno en diciembre de 2019 sin haber cumplido su promesa de que se resolvería la deuda del Correo Argentino. Meses más tarde, la justicia intervino la empresa y peritos judiciales concluyeron que la familia Macri debía 5.000 millones de pesos (unos 52,6 millones de dólares a cotización oficial actual).
Este año, la empresa ofreció cubrir en un pago solamente una quinta parte de la deuda, pero el procurador del Tesoro, quien representa al Estado, rechazó la propuesta. Luego vino la declaración de quiebra ordenada por la jueza.
Con la marcha atrás de ese fallo, se posterga la solución de la causa comercial y, por lo tanto, el cobro de los fondos que deben los Macri.
