La Procuración del Tesoro de la Nación sigue adelante con el mandato que recibió del presidente de la Nación por decreto 239/21: promover la investigación judicial sobre la responsabilidad penal de quienes impulsaron el multimillonario préstamo del FMI del año 2018.
En dicha causa penal fueron imputados Mauricio Macri, Luis Caputo, Federico Sturzennegger y Guido Sandleris por los delitos de violación a los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y defraudación a la administración pública.
A pesar de los elementos aportados por la Procuración, todavía no fueron siquiera citados a declarar. Sin embargo, Guido Croxatto, director nacional del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE) de la Procuración, asegura que será esta causa judicial la que permita recoger el mejor aprendizaje de la relación entre «crisis de deuda y delitos financieros».
«Para algunos, el acuerdo fue un fracaso. Otros dicen que no fue un fracaso, sino un delito. No son meros errores de cálculo o falla de diagnóstico, sino la implementación de una política que empuja a millones de personas a la pobreza. Eso debiera exigir responsabilidades concretas. Por eso el Decreto 239 ordena instruir una causa, para tratar de develar las responsabilidades penales de los seis funcionarios que, sin pasar por el Congreso, endeudaron de una manera descomunal al país», explica Croxatto sobre las consecuencias que tiene este endeudamiento.
«Estos procesos de endeudamiento se hicieron contraviniendo o desvirtuando nuestro orden institucional, nuestro sistema jurídico, incumpliendo nuestras normas» argumenta el abogado desde una postura jurídica.
«Si va a surgir un aprendizaje de toda esta crisis de la deuda, yo creo que va a ser a partir de esta causa penal. Claro: si se instrumenta bien, si la jueza (María Eugencia Cappuchetti) la encara con la seriedad que corresponde. Sería muy grave que esa causa quedara en la nada.», ultima el especialista.
