El funcionario pidió a los legisladores “mucha prudencia y responsabilidad” en el debate sobre la “Ley de Humedales”. En San Juan, estan en riesgo 12.000 puestos de trabajo entre directos y contratistas que pertenecen a todo el sector minero que se desarrolla en la provincia.
Las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades que integran la Mesa de Enlace Rural, pidió que el Congreso descarte “fanatismos e ignorancia” y Federación Agraria advirtió que “no se trata de seguir haciendo leyes, sino de cumplir las que existen” y que ya hay al menos 4 leyes regulatorias al respecto. “El problema más grave es que el Estado no cumple adecuadamente sus obligaciones de control y aplicación fehaciente de esas normas”, advirtió, además, sobre la posibilidad de una “contaminación normativa” que, en vez de resolver problemas, cree otros.
En una entrevista radial, Juan José Bahillo pidió que se convoque a ministros y gobernadores provinciales y sobre el aporte de divisas de la agroindustria dijo que seguirá, pero “en mucha menor medida”
Por su parte, el debate en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja que tuvo lugar en la semana, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Luciano Berenstein, manifestó que tal como están planteados los proyectos “la minería dejaría de existir en la Argentina” y el país podría perder más de USD 20.000 millones en inversiones mineras y poner en riesgo los 85.000 empleos directos e indirectos (y los 120.000 proyectados) y los más de $ 100.000 millones de ingresos fiscales, tanto nacionales como provinciales, que actualmente genera la actividad.
En San Juan, sobre todo, la situación también sería alarmante. La provincia es la más importante del país en cuanto a actividad minera, seguida por Santa Cruz, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego. En este caso, en San Juan.
También el sector minero advirtió el riesgo de que una nueva norma ahuyente USD 20.000 millones en inversiones y condene a la minería argentina a la inexistencia. Además, desde la secretaría de Minería de la Nación señalaron que cualquier normativa debe basarse en un acuerdo con las provincias.
Bahillo coincidió al respecto. Antes de sancionar una “ley de Humedales” es necesario “convocar a los ministros de producción de las provincias, a las entidades productoras y a los gobernadores. Una ley de esta magnitud impacta en las actividades productivas del interior. Sería bueno escuchar a las autoridades provinciales y los sectores productivos sobre cómo impacta esta ley”. Por eso pidió “mucha prudencia y responsabilidad a la hora de legislar”, teniendo en cuenta su impacto. “Hablamos de fuentes de trabajo, arraigo y cuestiones de pertenencias y características sociales, no solo es lo productivo y lo económico”, sentenció.
En 2013 y 2016 esta iniciativa tuvo media sanción en el Senado, pero después se cayó por falta de tratamiento en Diputados. El año pasado, el proyecto perdió estado parlamentario, por lo que fue presentado de nuevo a principio de este año.
Qué es la ley de humedales
El régimen de presupuesto mínimos para la protección de humedales (el nombre técnico de la ley) contempla:
- Crear un Inventario Nacional de Humedales en cada provincia
- Ordenar los humedales y tipificar qué tipo de actividades y cómo pueden realizarse allí (plazo de 2 años)
- Pedir estudios ambientales cada vez que se quiera emprender una actividad productiva en esos territorios
- Creación de un Fondo Nacional de Humedales para su protección y conservación
- Sanciones como multas y apercibimientos y pena de cárcel para quienes violen los principios de la ley
