La ex fábrica Electrometalúrgica Andina atraviesa una grave crisis en San Juan. La firma brasileña que la administra anunció su salida del país, lo que pone en riesgo 70 empleos.
La crisis en la fábrica de carburo ex Electrometalúrgica Andina, ubicada la planta en Chimbas, suma tensión día tras día. La empresa, actualmente en manos de un grupo brasileño, anunció su intención de abandonar el país, lo que pondría en riesgo el futuro laboral de 70 empleados sanjuaninos.
La situación se encuentra actualmente bajo conciliación obligatoria, con la intervención del gremio, representantes de la empresa y la Subsecretaría de Trabajo de San Juan. El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó el panorama actual y las diferencias que impiden llegar a un acuerdo.
“Ellos están firmes en su posición de irse del país y, por ende, de indemnizar a los trabajadores con una propuesta que se les hizo en la conciliación obligatoria la cual consiste en el 50% de lo que les correspondería por indemnización”, sostuvo Marchese en rueda de prensa.
El principal punto de conflicto gira en torno a la indemnización que recibirían los empleados despedidos. Según explicó el funcionario, la empresa plantea aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una reducción de la indemnización en casos de fuerza mayor o cierre. En cambio, el sindicato exige que se aplique el artículo 245, que implica el pago del 100% de la indemnización.
“Es una cuestión técnica legal si el 50% lo establece el artículo 247, a diferencia del 245 que establece una indemnización al 100% de todos los salarios”, detalló el subsecretario.
A esto se suma el modo de pago propuesto por la empresa: en 10 cuotas, algo que generó un fuerte rechazo por parte del sindicato.
“Obviamente, ante esa propuesta del pago de la mitad de lo que correspondería, el sindicato ha puesto el grito en el cielo y, a los fines de poder de alguna manera llegar a un acuerdo, están solicitando alguna especie de garantías”, advirtió Marchese.
Según manifestó el funcionario, la principal preocupación del gremio es que, una vez que la empresa se retire del país, no haya ningún respaldo legal ni económico que asegure el cumplimiento de los pagos.
“Ellos entienden que ese pago, que es poco para ellos y que además es en cuotas, la única manera que dicen de poder sentarse a negociar es que presten una garantía, un arraigo real acá en el país. Porque si ellos se van, ¿quién les asegura que les va a pagar las cuotas?”, cuestionó el subsecretario.
La empresa brasileña, que desde hace años opera Electrometalúrgica Andina, no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento. En tanto, desde el gobierno provincial buscan mediar para evitar que se pierdan los puestos de trabajo y lograr un acuerdo justo para ambas partes.
“Son cerca de 70 empleados hasta el momento”, concluyó Marchese.
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