El Gobierno de Iván Duque accede finalmente a la visita de los delegados, que entrevistarán a ciudadanos de distintos territorios.
Decenas de víctimas de la violencia policial ofrecían sus testimonios a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -y otros ciudadanos lo hacían en Cali y Popayán- representantes de ese órgano de la Organización de Estados Americanos(OEA) recibían de manos del presidente Iván Duque el informe del Gobierno sobre el mes de paro nacional, un documento que detalla casos de saqueos, vandalismo y bloqueos de carreteras. Así comenzó este martes la esperada visita oficial de esta comisión a Colombia para evaluar las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Colombia. El estallido social que inició el 28 de abril ha dejado ya medio centenar de muertos, al menos 90 desaparecidos y 2.000 heridos entre civiles y policías.
“Para nosotros, lo fundamental en esta visita es poder escuchar a todos los sectores, poder tener una visión amplia y comprensiva de lo que ha estado ocurriendo en Colombia en las últimas semanas. A partir de ahí hacer un conjunto de recomendaciones”, dijo Urrejola de la CIDH, e indicó que los bloqueos y el derecho a la protesta social también estarán en el centro de los encuentros. El domingo, decenas de personas salieron a las calles aledañas al aeropuerto de Bogotá para darle la bienvenida a la Comisión.
La llegada de la Comisión ocurre tras seis semanas de protestas y del fallido intento de negociación entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro. Este fin de semana, el comité -integrado por las centrales obreras- se levantó de forma unilateral de las conversaciones y argumentó que el Ejecutivo no está realmente interesado y ha “dilatado, a propósito, la negociación del Pliego de Emergencia”. El Comité exigía que un preacuerdo sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica y la eliminación del decreto de asistencia militar. Según sus delegados este se había logrado pero el Ejecutivo cambió de opinión. Por eso -aseguraron- entregarán el documento a la CIDH.
Aunque las manifestaciones han sido mayoritariamente pacíficas, desde su inicio, el 28 de abril, se han denunciado excesos de la fuerza pública, el uso de armas de fuego y otras armas consideradas no letales usadas sin respetar los protocolos, así como la presencia de civiles armados escoltados por agentes que han sido captados en video. La consejera para los DD.HH. del Gobierno, Nancy Patricia Gutiérrez, ha dicho que el mensaje que dieron a la CIDH es que “Colombia no es un país violador de derechos humanos” y que las “dificultades la afrontamos con el sistema de justicia del país”. Para la Canciller, la justicia debe investigar tanto a quienes “de forma minoritaria” han aprovechado la protesta legítima para destruir y saquear; pero también a los miembros de la fuerza pública que “hayan excedido sus funciones o que haya cometido algún tipo de abuso de autoridad o violación de los derechos humanos”. Por ahora, según cifras de la Fiscalía, de las 51 muertes confirmadas con relación a la protesta, solo cuatro homicidios han sido esclarecidos y dos de ellos son investigados por la justicia militar.
