Impulsado por la senadora de Unión Brasil Soraya Thronicke, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) funcionará al estilo del comité en Estados Unidos que durante este último año investigó el grado de responsabilidad del expresidente Donald Trump en el asalto al Capitolio de 2021. Además la corte suprema brasileña separó por 90 días de su cargo al gobernador de Brasilia.
Un grupo de legisladores brasileños comenzó este lunes a recabar apoyos para crear una comisión parlamentaria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que investigue la eventual responsabilidad e implicancia del expresidente Jair Bolsonaro en el ataque golpista perpetrado este domingo contra los tres poderes del Estado.
La propuesta de Thronicke, rival del expresidente Jair Bolsonaro y del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones, ya fue respaldada por otros senadores como Humberto Costa, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT); Randolfe Rodrigues, de Red, y Eliziane Gama, de Ciudadanía, informa el diario O Globo.
«¡Voy a proponer una CPI del golpe!», escribió en su perfil. «Solo con Bolsonaro preso tendremos paz y democracia. Sin descanso hasta que esto no suceda. Me expresaré permanentemente en este sentido durante mi mandato. Desde ya me comprometo a solicitar una CPI sobre estos acontecimiento», escribió Correia, quien necesitará para este fin al menos 171 apoyos entre los 513 escaños de la Cámara.
Por otro lado, la corte suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, hasta que se aclaren los sucesos de este domingo.
La medida fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, integrante del máximo tribunal de Justicia de Brasil, quien también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado liberar cualquier tipo de vía o edificio público ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país, de acuerdo con la prensa local.
El juez respondió a un reclamo de parte de aliados de Lula, basado en que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
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