Se trata de la causa que tiene en la mira a los expropietarios de la empresa D’ Viajes Destinos. Los imputados buscaron una suspensión de juicio a prueba, que fue rechazada por el máximo tribunal.
A fines de 2018, más de 30 personas denunciaron a los propietarios de una empresa de viajes porque no pudieron cumplir su sueño de ir a ver al Papa Francisco, en su recorrida por Panamá. Los damnificados sostuvieron que fueron estafados por la firma D’ Viajes Destinos, porque cancelaron gran parte del paquete turístico, el que finalmente no se concretó. El monto involucrado en la operación ascendió a los 100 mil dólares que, al parecer, no pudo ser cubierto por los empresarios debido al alza del valor de la moneda extranjera. La causa fue polémica no sólo por el perjuicio ocasionado, se habla de un total cercano al millón de dólares, sino también por la cantidad de personas damnificadas y porque uno de los propietarios imputados permaneció unos 10 meses prófugo, hasta que fue detenido en Santiago del Estero. La causa avanzó en 2019, hasta que en 2022 se inició el juicio, el cual quedó frenado por un planteo defensivo. Eric Germán Koller y Carlos Federico Vargas Oviedo, a través del Defensor Oficial, solicitaron el beneficio de una suspensión de juicio a prueba (probation), que implica remediar parte del daño ocasionado y realizar tareas comunitarias con el objetivo de no recibir una condena. La propuesta fue rechazada por el Ministerio Público Fiscal, pero la defensa entendió que la negativa no estaba fundada por lo que le solicitó a la Corte de Justicia que dé el OK a la probation. Ahora, a fines del mes pasado, tras seis años de que se inició el escándalo, el máximo tribunal emitió una sentencia confirmando el rechazo por lo que recién ahora deberá avanzar el debate contra los imputados. Fuentes de Tribunales indicaron que ese paso se podrá dar en el segundo semestre, probablemente, cerca de fin de año.
Eric Koller (a la izquierda) y Carlos Federico Vargas Oviedo (derecha) son los imputados por la presunta estafa.
En total fueron 34 las personas presuntamente estafadas por D’ Viajes Destinos, a través de sus propietarios, quienes, al iniciarse el debate, propusieron remediar el daño ocasionado entregando 2.000 pesos a cada uno de los damnificados y realizar tareas comunitarias por tres meses. Tanto Koller como Vargas indicaron que, tras la quiebra de la empresa, se encontraban en una situación económica delicada que no les permitía hacer frente a la devolución completa del dinero. Ante la negativa de la reparación ofrecida, el monto de la reparación ascendió a los 10 mil pesos. Ante esa situación, la fiscal del juicio, Marcela Torres, se opuso a la posibilidad de una probation, al indicar que “otorgar el beneficio significaría abrir la puerta en este tipo de casos y dejar a la sociedad a expensas de individuos inescrupulosos dispuestos a cometer hechos defraudatorios”, por lo que mantuvo su postura negativa para que este tipo de casos “no vuelvan a ocurrir”.
La última frase es la que llamó la atención del Defensor Oficial, Carlos Reiloba, quien presentó un escrito, un recurso de casación ante la Corte de Justicia. El funcionario indicó que “las razones de política criminal esgrimidas por el Ministerio Público Fiscal, receptadas o acogidas por la jurisdicción en su resolución, no fueron explicitadas ni se dice de qué instrumento escrito deriva, vulnerándose el principio de legalidad, al no existir certeza al respecto”. Además, remarcó que existió una “parcialidad manifiesta a favor de los denunciantes, al dárseles adelantadamente el carácter de víctimas, lesionando así las garantías de imparcialidad e inocencia”.
Un punto clave es que, según la norma, para que el beneficio de una probation prospere, debe existir acuerdo de Fiscalía, mientras que un rechazo fundado impide su aplicación. En ese marco, el máximo tribunal entendió que la postura del Ministerio Público cumplió con la negativa ya que, según había expuesto la fiscal, fue trascendente “la cantidad de hechos reiterados” y que “no fue una debacle o situación que devino sino un desmanejo a sabiendas de que se pedía dinero por adelantado”. Además, se ocasionó un daño a “todas las personas que confiaron en los imputados, en particular la situación de personas que viajarían por tratamientos médicos o visitas al Papa”. También, advirtió que, sobre la reparación ofrecida implicó que “no existía el menor esfuerzo en resarcir al menos el mínimo daño causado, atendiendo a las cifras en dólares que les habían entregado los damnificados, destacando que razones de transparencia e interés social determinan la necesidad del juicio oral”.
El fallo de la Corte se dio en los últimos días de marzo y las partes ya están notificadas. Con el rechazo, el juicio debe avanzar contra Koller y Vargas para determinar qué grado de responsabilidad les caben en la presunta estafa. Fuentes judiciales indicaron que, si bien no se dio el OK a una probation, puede existir una conciliación entre las partes, imputados y damnificados, para ver si se puede llegar a un acuerdo de reparación.
De no ser así, los imputados podrían ser condenados, pero las presuntas víctimas no recibirán la devolución de su dinero, para ello deberán realizar una acción civil.
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